Todas las asociaciones de jueces y fiscales han pedido este lunes la "inmediata dimisión" del ministro de Justicia, Rafael Catalá, después de sus críticas al magistrado que emitió un voto particular a favor de los condenados en la sentencia de 'La Manada', pues consideran esta actitud "especialmente escandalosa".
Este lunes el ministro ha afirmado que el juez Ricardo González, autor del voto discrepante, "tiene algún problema singular" y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "debería haber actuado preventivamente" contra él.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, Asociación de Jueces Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales firman un comunicado conjunto en el que critican las declaraciones de Catalá.
Estos colectivos subrayan que la "intromisión" del Ejecutivo en las labores que corresponden "exclusivamente" al CGPJ -tutela o impulso de la labor disciplinaria- y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una "temeridad" por parte de quien ejerce como ministro de Justicia.
"Movido por intereses políticos"
Tras recordar que Catalá es el "único" ministro de Justicia reprobado en la democracia, los firmantes del comunicado le acusan además de exigir "responsabilidades políticas" y de apuntar que este magistrado tiene "algún problema particular" con "la clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos".
"Estas manifestaciones, que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia, deberían provocar su inmediata dimisión", subrayan la Asociación Profesional de la magistratura, Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, además de jueces y magistrados de la comunidad.
Los firmantes destacan que "el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo esta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado".
Por ello, dicen, "resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al Poder Judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor".
Además, tras sostener que el Estado de derecho se sustenta en el respeto a la Ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los jueces y magistrados, consideran que en una sociedad es fundamental "la confianza y el respeto hacia las instituciones".
Por eso, las decisiones judiciales están sometidas a la crítica pública pero esta "no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones", agregan, y garantizan el "sometimiento al imperio de la Ley" que aprueba el legislador "sin que en ningún caso sea posible apartarse y actuar movidos por prejuicios, juicios paralelos o presiones".
Respeto a la ley
"Ese respeto a la ley es el que fundamenta todas y cada una de las resoluciones", aseguran, aunque ven "comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial" en el caso de La Manada, y "admisible e incluso deseable" un debate sobre el Código Penal que, de nuevo recuerdan, si se reforma lo tendrá que hacer el poder legislativo.
Pero, insisten, "el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia".
Un fallo judicial que aseveran que ha llegado tras un juicio guiado por los principios constitucionales de defensa y contradicción, un "minucioso análisis" de las pruebas y la consignación de unos hechos probados y la "extensa motivación" de una "compleja" calificación de los hechos como abuso y no agresión sexual, que en todo caso apuntan que puede ser recurrida al TSJN y al Supremo.
"Comprensible" que no se entienda la sentencia
A su juicio, "es comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial". "Es admisible e incluso deseable que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de esos preceptos a la actual realidad social. Labor ésta que ha de llevar a cabo el poder legislativo de quien emanan las leyes que los jueces aplicamos", indican.
Los jueces y magistrados de Navarra añaden, no obstante, que "el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia".
Afirman que la sentencia de la Audiencia Provincial referente a los cinco integrantes de la 'Manada', "tras la celebración de un juicio regido por los principios constitucionales de defensa y contradicción", ha llevado a cabo "un minucioso análisis de las pruebas practicadas, ha consignado unos hechos declarados probados y ha concluido una calificación jurídica conforme a una extensa motivación".
"Esa calificación jurídica, muy compleja por otro lado, puede compartirse o no, y por este motivo nuestro sistema prevé también un régimen de recursos que permita revisar lo resuelto y mantenerlo o modificarlo", manifiestan, para añadir que todavía dos órganos superiores, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, "podrán revisar todas aquellas cuestiones respecto de las que exista desacuerdo".
Aseguran en el comunicado que "el respeto a la independencia judicial es esencial para garantizar la paz social, la convivencia democrática y el respeto a los derechos fundamentales, siendo ésta obligación especialmente predicable de los otros dos poderes del Estado, es decir, de los representantes de la soberanía nacional y de los miembros del Gobierno".
Por ello, afirman que "resulta inadmisible que personas con responsabilidades políticas utilicen esta sentencia para tratar de desprestigiar al poder judicial, para conculcar la separación de poderes o para realizar manifestaciones carentes de rigor".-rtve.es.Agencias...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario