Medio año de Gobierno en funciones: sin legislar, sin presupuestos, con las pensiones bloqueadas...
La política española ya ha consumado seis meses en funciones desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Desde entonces, el país sufre las consecuencias de una parálisis que toca a instituciones, a leyes, a directrices y a proyectos que necesitan una renovación para desatascar un impasse que bloquea legislar, que impide tener unos Presupuestos Generales del Estado, o incluso cambiar al ministro de Exteriores, en la actualidad Josep Borrell, nombrado recientemente Alto Representante de la UE. Estas son algunas de las consecuencias que conlleva un Gobierno en funciones:
Diputación Permanente: Tras las nuevas elecciones, dicho órgano -que entre otras funciones asume todas las facultades que en relación con los Decretos-leyes atribuye al Congreso de los Diputados el artículo 86 de la Constitución o, que ejerce las competencias que respecto de los estados de alarma, excepción y sitio atribuye a la Cámara el artículo 116 de la Constitución-, procedía que fuera renovado, para al menos tener la iniciativa parlamentaria.
En todo este tiempo, y habiéndose constituido las Cortes, la Diputación Permanente no había sido renovada. La parálisis del Parlamento impide, por ejemplo, que el ministro Fernando Grande-Marlaska, al que Ciudadanos pide reprobar, se pueda llevar a cabo. Pero aún es más grave que no se pueda legislar ni sacar del limbo proyectos de ley ante la incapacidad legislativa de los diputados. Asimismo, el control al propio Gobierno prácticamente es imposible.
Un Consejo de Ministros constreñido: La capacidad de un Gobierno se reduce de manera rotunda cuando está en funciones. De repente, no dispone de la posibilidad de formular reales decretos leyes, si estos no son de extrema urgencia. El Ejecutivo está cesante para que dure el menor tiempo posible y en la máxima brevedad se constituya uno nuevo. Su labor es de despacho diario sin llegar a comprometer al país. Por tanto, se circunscribe a funciones ordinarias.
No puede disolver las Cortes, no puede plantear cuestión de confianza, tampoco puede presentar un referéndum consultivo ni presentar proyectos de ley.
Sustituir al ministro Borrell: En funciones, el presidente no puede nombrar un nuevo ministro cuando llegue el momento de Josep Borrell de incorporarse a su cargo de Alto Representante de la Unión Europea. La única opción que cabe es delegar las competencias de este ministerio, con la responsabilidad de viajes internacionales y cumbres que conlleva el cargo, a otro compañero del Consejo de Ministros.
Techo de gasto: En funciones, el Gobierno no podrá tramitar el techo de gasto o el compromiso de senda fiscal que ha de remitir a Bruselas. En este caso, y dado que la mayoría del Senado es ahora del PSOE, sí que podría aprobar este compromiso una vez aprobada la investidura de Pedro Sánchez.
Presupuestos y calificaciones crediticias: Desde luego, una de las peores consecuencias de un Gobierno cesante es que éste no se encuentra capacitado para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante de un Gobierno. Por ende, Sánchez vivirá con unos presupuestos reprorrogados desde 2018, de la etapa de Rajoy, y con ellos puede llegar hasta 2020.
En funciones, el Ejecutivo cesante socialista tampoco puede aprobar nuevos impuestos, por lo que su política fiscal también se queda paralizada. Además, un Gobierno sin Cuentas públicas también pone en cuestión las calificaciones crediticias de España.
La financiación autonómica será otro escollo, consecuencia en parte de esta etapa de Gobierno en funciones, si bien lleva seis años en el dique seco, incapaz de prosperar desde la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por Rajoy hasta llegar a los días de Sánchez.
Directivas aparcadas: Las transposiciones europeas a nuestras leyes quedan en dique seco, con una penalización económica si no cumplimos con los tiempos. España no ha podido tramitar ni una sola directriz desde hace seis meses, y un horizonte de repetición electoral puede estirar este ciclo a febrero de 2020.
Bloqueo de las pensiones: Frenadas en la recta final de la primera legislatura de Sánchez, en esa ocasión, con el veto de Unidas Podemos, las pensiones se encuentran inmovilizadas en el Pacto de Toledo, el órgano en el que se debaten estas prestaciones, que llevaron a Rajoy, empujado por el PNV, a saltarse el IRP, índice de revalorización de las pensiones. En campaña, el partido de Pablo Iglesias ha pedido recoger en el Constitución la indexación de estas prestaciones al IPC, índice de Precios al Consumo.
El debate, sin embargo es mucho más amplio. Claro que, sin Gobierno, las pensiones siguen durmiendo el sueño de los justos.
Pacto del Agua: Pactos de Estado, como éste, no salen adelante sin Gobierno y sin consensos..ElEconomista.es..-
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